Bolsa Valor

El estallido de la archicomentada crisis "subprime", marcó en agosto el punto de inflexión de un ciclo inmobiliario que ya estaba dando síntomas de agotamiento. El precio de la vivienda, hiperbólicamente inflado, ha hipotecado el futuro de una generación que deberá destinar durante toda su vida laboral, una parte importante de sus ingresos para atender los compromisos adquiridos y, en consecuencia, engordar la cartera de banqueros y promotores inmobiliarios.

En efecto, unos pocos nuevos ricos han conseguido -con su esfuerzo, por supuesto- transformar sus pequeñas constructoras e inmobiliarias en máquinas de hacer dinero, con una capacidad financiera que les ha permitido crecer con compras e incluso adquirir importantes paquetes en empresas del sector energético.

Los más viejos del lugar recordarán la constructora OCP (Obras y Construcciones Pérez), desde que la que un tal Florentino construyó su imperio. La fusión con su homóloga Ginés y Navarro vio nacer a la actual ACS, desde la que absorbió a la enorme Dragados y Construcciones. El resto de la historia es reciente y, por tanto, conocida por todos.

Historia reciente como la de Luis Portillo, que compró un cadáver cotizante -Fosforera Española- a la que trasformó en Inmocaral, desde donde adquirió al gigante Colonial, a Riofisa y un 15% del no menos gigante Fomento de Construcciones y Contratas.

La crisis inmobiliaria se veía venir. Es fácil decirlo ahora, que es evidente, pero también lo era hace unos meses, con precios inaccesibles para el grueso de los ciudadanos y cambios accionariales continuos en los que grandes imperios financieros como Santander, BBVA o La Caixa, vendían sus inmuebles a manos llenas.

Desde Bolsa Valor, al igual que desde algunos otros medios independientes, hemos alertado sobre el fin de ciclo alcista inmobiliario, algo que, dada la evidencia, tampoco tiene mucho mérito.

En consecuencia, resulta del todo sorprendente que las principales empresas cotizadas del sector inmobiliario, los nuevos ricos del ladrillo, reclamen ayuda pública a través del Instituto de Crédito Oficial, para conseguir la financiación que no pueden obtener a través del sector bancario privado.

Que vergüenza. O, mejor dicho, que falta de vergüenza. Qué ejemplo para toda la generación de jóvenes y no tan jóvenes que han comprometido su ahorro de los próximos cuarenta años en la adquisición de un bien que se supone que es básico.

¿Dónde está la gestión? ¿Dónde está la previsión? ¿Dónde están los fabulosos beneficios de los últimos años? ¿Dónde está la prudencia? ¿Dónde está el criterio empresarial?

No están en ningún sitio porque nunca lo tuvieron. Las cotizaciones de algunas inmobiliarias se están desplomando porque los bancos venden las acciones que estaban prendadas como garantía de los exuberantes créditos solicitados para ser el nuevo rico más rico de todos.

Evidentemente, el gobierno no moverá ni un euro público a favor de las inmobiliarias en crisis, porque supondría un apoyo, un espaldarazo a la mala gestión empresarial. Solo faltaría que después de haber ninguneado a cuatrocientos mil españolitos de a pie, que un mal día decidieron invertir sus ahorros en unas empresas filatélicas teóricamente mal gestionadas, el gobierno decida ahora que hay que ayudar a unos cuantos multimillonarios, en discriminación positiva, para que sigan siéndolo por muchos años.

Si los promotores inmobiliarios no tienen dinero, que vendan pisos. Y si no los venden, que bajen el precio. Así solventarán su problema de liquidez y, al mismo tiempo, los jóvenes que están solicitando la limosna de emancipación, volverán a tener una vivienda accesible y digna, sin tener que mendigar de las arcas públicas.